La moral sí es asunto público

La necesidad de educar en valores cívicos es ya un consenso internacional ratificado por el Supremo – Pero fijar el límite entre el denominador común y los temas opinables es mucho más difícil

J. A. AUNIÓN 27/02/2009

La necesidad de educar en valores cívicos es ya un consenso internacional ratificado por el Supremo – Pero fijar el límite entre el denominador común y los temas opinables es mucho más difícil J. A. AUNIÓN 27/02/2009 Hace algo más de dos años, los adolescentes de un instituto londinense recibieron al entonces primer ministro Tony Blair con abucheos; le increparon y gritaron contra la guerra de Irak, en la que Reino Unido se había embarcado junto a EE UU. Al parecer, un docente ayudó a organizar la protesta. ¿Hicieron bien esos chavales? ¿Estaban siendo buenos ciudadanos al protestar por algo que creían injusto, o antisociales por boicotear la visita, nada menos, que del primer ministro? Cada país aporta a esas enseñanzas según su historia y tradiciones El Consejo de Europa avala una formación en principios Distintos estamentos internacionales, como el Consejo de Europa o la Unesco, han transmitido desde los años noventa del siglo pasado la necesidad de educar en valores ciudadanos. Se introducía entonces con fuerza el concepto de ciudadanía al clásico debate de la transmisión de valores en la escuela. El diagnóstico más extendido reclama una reacción al “déficit cívico”, al desconocimiento por parte de los jóvenes de información básica para desenvolverse como ciudadanos, al desapego por la vida política, y al olvido de los valores necesarios para desarrollar una ciudadanía democrática, según lo describen en un trabajo los expertos Yvonne Hébert, de la Universidad de Calgary, y Alan Sears, de la New Brunswick (Canadá). Pero en ese camino que han emprendido la mayoría de los países desarrollados se han planteado unas dudas parecidas a las que han surgido en España acerca de una asignatura, la de Ciudadanía, que transmite valores morales y principios básicos de la vida en una sociedad democrática, aunque probablemente no con la enorme politización -en su sentido más partidista- y enquistamiento que ha marcado el debate español. Es decir, el consenso general es que hay que enseñar a los jóvenes a ser ciudadanos evitando el peligro de adoctrinamiento, y sobre unas bases, cuyos límites se dibujan muchas veces difusos, de unos mínimos compartidos por todos. De hecho, Mike Baker, corresponsal educativo de la BBC, recordaba el incidente del instituto londinense con Tony Blair a raíz de un estudio que decía que en un cuarto de los institutos ingleses, cuatro años después de introducir la asignatura de Ciudadanía en 2002, no se estaba enseñando bien la materia: porque no se le daba importancia o porque los profesores no tenían muy claro en qué consiste esa ciudadanía que se ha de transmitir. Lo cierto es que cuando se habla de ciudadanía, se pueden estar diciendo muchas cosas. “Cada país tiene su propia historia. Por ejemplo, el tema de la patria y la pertenencia nacional no genera ningún problema en Inglaterra o EE UU, pero en España, sí. Sin embargo, es un país moderno, abierto y democrático, donde esos mínimos comunes se basan en el diálogo como medio de resolver conflictos y el respeto a la diferencia”, asegura Miguel Martínez, catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de Barcelona, que trabaja el tema de la educación en valores desde finales de los ochenta. Ya desde la responsabilidad de la educación en la promoción de esos valores, hay diferentes orientaciones. Por ejemplo, si Finlandia habla del “desarrollo de los alumnos como seres humanos solidarios y miembros éticos y responsables de la sociedad”, en Islandia se pide que “la tolerancia, la ética cristiana y la cooperación democrática” presidan la actividad educativa, o en Noruega (un país donde no existe separación entre iglesia y Estado) dicen que “los centros, en colaboración y de acuerdo con las familias, tratarán de dar a los alumnos una educación cristiana y moral”, según el último estudio comparativo de la Comisión Europea sobre la materia, de 2005. Esas diferencias se hacen patentes, por supuesto en los contenidos: en Alemania, los objetivos correspondientes a la categoría cultura política tienen una mayor presencia, que los relativos a la participación activa y al desarrollo de los valores y actitudes. En Finlandia, ocurre lo contrario y se da más peso a la participación, actitudes y valores que al desarrollo de la cultura política. El trabajo de la UE ordena los contenidos en tres categorías de objetivos: desarrollo de la cultura política; de una participación activa, responsable y crítica, en la vida pública; y actitudes y valores para convertirse en ciudadanos responsables. La última es la más controvertida, y la que más enlaza con el viejo debate de la enseñanza de valores en la escuela. Uno de los puntos principales del debate en España a cuenta de la asignatura de Ciudadanía aparece en el real decreto que desarrolla sus contenidos en secundaria, cuando habla de contribuir a “la construcción de una conciencia moral cívica”. Mucho se ha debatido en España sobre la moral pública y la moral privada. Sobre si la moral pertenece sólo al ámbito individual y, por lo tanto, es competencia de la familia, que tiene, como mínimo, que aprobar las enseñanzas morales que recibe su hijo (por ejemplo, aceptar conscientemente los que ofrece un centro católico). O si, por el contrario, la moral pública, esos valores mínimos comunes son iguales para todos y, por lo tanto, se deben enseñar a todos los alumnos en todas las escuelas. La pelea ha llegado a tal punto (con padres, apoyados por obispos y el PP, boicoteando la asignatura de Ciudadanía por “adoctrinar” e “imponer” unos valores usurpándoles su cometido familiar) que ha tenido que dirimir el Tribunal Supremo, diciendo que la materia no adoctrina y que no se puede objetar. David Kerr, de la Fundación británica para la investigación educativa y director de varios estudios internacionales sobre ciudadanía, señala la “excepción” del debate español, “por su cultura, historia, organización política (las comunidades autónomas) y el poderoso papel de la Iglesia católica”. Él más bien señala otros problemas recurrentes, como el nacionalismo que pretende “confirmar unos valores históricos y culturales sobre otros, discriminando minorías y nuevos ciudadanos de otras regiones. Ha habido tensiones en algunas ex repúblicas soviéticas u Holanda, donde los partidos de extrema derecha han reclamado la enseñanza de una versión particular de la historia”. Kerr considera que el debate moral está superado en la mayoría de los países: “Es falso decir que la moral es sólo una cuestión familiar, privada. La moral abarca todos los aspectos de nuestra vida”. Lo cual no quiere decir que no haya dudas sobre la enseñanza de valores. “¿Tiene Ciudadanía que expresar valores explícitos o neutrales? ¿Puede enseñar valores explícitos y promover sólo los ampliamente aceptados por la sociedad? ¿O debe tomar una posición objetiva con los principios y los temas controvertidos, dejando la decisión a cada individuo?”. Kerr se hacía esas preguntas hace 10 años (nada menos), en un trabajo en el que repasaba cómo se transmiten los valores ciudadanos en 16 países del mundo. El Tribunal Supremo español se ha decidido hace unos días por una mezcla de las respuestas posibles a lo que planteaba Kerr. Ha dicho: hay un mínimo “moral común”, igual para todos los ciudadanos en un Estado de derecho, que emana de los derechos fundamentales y que los poderes públicos están obligados a enseñar, transmitir y promover a través de la educación. Pero cuando lleguen los temas socialmente controvertidos se reclama la neutralidad, para mostrar, dejar las posibilidades encima de la mesa, y que cada uno decida. David Keer hacía, en su trabajo de 1999, tres grupos de países según la legislación de sus enseñanzas de Ciudadanía. Primero, aquellos cuya legislación educativa expresa en detalle los principios que hay que transmitir, como Japón, Corea o Suecia. Luego, los que hacen una referencia mínima a los valores en la legislación, como Canadá o Estados Unidos. Y por último, los que los expresan en términos generales y dejan las concreciones a los niveles siguientes, como Australia, Nueva Zelanda, Italia o España. El sistema educativo español, desde hace casi dos décadas, tiene incluidos unos valores muy parecidos a los que se enseñan en Ciudadanía, sólo que se tenían que ofrecer repartidos entre el resto de materias. Ahora, por supuesto, la concreción es mucho mayor, pero sigue siendo bastante general y lo suficientemente abierta para que, no ya cada comunidad autónoma, sino cada centro educativo y cada profesor pueda hacer sus propias interpretaciones (empezando por los centros católicos, que han adaptado, con el visto bueno del Gobierno, esta enseñanza a su ideario). En cualquier caso, es en ese nivel de la interpretación (de colegios, profesores y libros de texto) dónde ha colocado el Supremo el cartel de aviso: ¡Cuidado con no caer en el adoctrinamiento! Pero lo mismo puede ocurrir con las asignaturas de Historia, al explicar el Holocausto, los 400 años de la España árabe o la revolución bolchevique; o en Filosofía, al enseñar a autores controvertidos, como Nietzsche, por poner un ejemplo. Así lo recalca Miguel Martínez, catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de Barcelona. Alejandro Tiana, como secretario general de Educación en la anterior legislatura, fue uno de los principales artífices de la ley que incluye la nueva asignatura de Ciudadanía. Tiana admite que, por su propia naturaleza, los límites de qué y cómo enseñarlo “no están totalmente claros, pero también pasa en Filosofía”, insiste. Y también habla de la dificultad para el sistema de controlar esos límites en cada escuela, en cada profesor, aunque el principio debe ser el de la neutralidad. “Desde luego, la vía de abstenerse no es la solución, porque aunque no los trates en la escuela, esos temas conflictivos están ahí, en la sociedad”, dice Tiana. Opinión contraria tiene Manuel de Castro, secretario general de FERE-CECA (patronal mayoritaria de los colegios católicos) que cree que esas cuestiones debieran haber quedado fuera del currículo. De Castro no duda del papel de la escuela como transmisora de principios, pero diferencia “entre los valores éticos que afectan a la convivencia” y “los que afectan sólo a la persona”, y, según él, sólo los primeros deberían haber entrado en la asignatura, dejando fuera cuestiones como la afectividad o las uniones de pareja (por el matrimonio homosexual). El Gobierno ha insistido por activa y por pasiva en la profesionalidad y el sentido común de los docentes. Pero volvemos a la pregunta inicial: ¿Estaban siendo esos alumnos londinenses ciudadanos ejemplares al abuchear a Blair o adolescentes inciviles? Y hay muchas más. “¿Son los anarquistas buenos ciudadanos? ¿Y los que defienden la libertad sexual o, por el contrario, se oponen a la utilización de preservativos?”. Estas últimas preguntas las plantea el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos y catedrático de Psicología de la Educación, Álvaro Marchesi, en su libro titulado Sobre el bienestar de los alumnos. Competencias, emociones y valores. “Es difícil para los profesores plantear una educación para la ciudadanía de forma crítica, pero es necesario”, escribe Marchesi. El responsable de los colegios católicos Manuel de Castro señala lo peliagudo de una enseñanza totalmente objetiva: “La neutralidad es muy complicada”, dice. Éste es otro viejo debate, sobre el que escribía ya en 1995 el profesor Jaume Trilla. “Ante el recurrente problema de la neutralidad del profesor frente a las cuestiones socialmente controvertidas”, Trilla llegaba a la misma conclusión que el Supremo ahora: depende. Si se repasan los contenidos de ciudadanía en los países europeos, volviendo al trabajo de la Comisión de 2005, en todos se hallan valores comunes, como, “la democracia, la dignidad humana, la libertad, el respeto por los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad, el respeto a la ley, la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad, la lealtad, la cooperación, la participación y el desarrollo espiritual, moral, cultural, mental y físico. Aunque los países conceden mayor o menor importancia a uno o a varios de estos principios, en general, se está de acuerdo en que todos ellos son esenciales para entender el concepto de ciudadanía responsable y el modo de llevarla a la práctica”, dice el texto. Una vez más, valores generales, que necesitan de concreciones en las clases. Y en éstas siempre habrá puntos de fricción, admiten los expertos. “La clave es ver la educación para la ciudadanía como algo que incumbe a toda la sociedad. Esto incluye a políticos e iglesias. Debe ser una cuestión política, no una cuestión de política partidista”, reclama el investigador británico David Kerr. El problema olvidado Un problema del que no se suele hablar es precisamente el que más preocupa al catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de Barcelona Miguel Martínez. Se trata de que al incluir Ciudadanía en una materia independiente (al igual que otra veintena de países europeos), se olvide que esos valores deben estar presentes en todas las asignaturas y en toda la vida escolar, algo con lo que está totalmente de acuerdo Manuel de Castro, de la patronal de colegios católicos FERE-CECA. Mucho se discutió si esos contenidos transversales que ya existían de derechos humanos y valores ciudadanos (supuestamente repartidos entre las otras materias y las tutorías) debían convertirse en una materia, que sería, a lo peor, una maría. Como contraejemplo, el fracaso de los contenidos transversales ejemplificado con la educación sexual. Al arbitrio y buena voluntad de cada centro, en la práctica está completamente olvidado en buena parte de ellos. Martínez cree que cuanta más educación en valores, mejor, y que muchos centros llevan años haciéndolo bien. Pero advierte contra la creencia de que la educación puede solucionar todos los problemas de un día para otro. “Los principales transmisores de los valores son los adultos, la familia, los políticos y los medios de comunicación”.

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